El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo y la interrupción del embarazo, tanto voluntaria como espontánea, está penada durísimamente. De hecho, la mayoría de las mujeres condenadas son juzgadas por homicidio agravado, tras haber sufrido complicaciones obstétricas. Se les acusa de haber matado a su bebé y se enfrentan a penas de hasta cuarenta años de cárcel.